La semana pasada, el fiscal Carlos Stornelli insistió con la detención de Roberto Baratta (ex mano derecha de Julio De Vido y ya detenido por otra causa), Martín Goicochea (rector de la UTN), Miguel Larregina (ex gerente contador de YCRT), Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT y actual intendente de Río Turbio) y Hugo Sánchez (presidente de la Fundación), en la causa que investiga el desvío de fondos millonarios del extinto Ministerio de Planificación Federal a la mina de carbón Río Turbio.
La Fiscalía sostuvo que a quienes se les pide nuevamente, la prisión preventiva, “defraudaron al Estado” al “conformar y materializar un ilícito sistema de contrataciones” que involucró al ex ministerio de Planificación, a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y la “tercerización de todas las obras a través de la Facultad Regional de Santa Cruz (FRSC) de la UTN”.
Así, a través de una Fundación vinculada a la Facultad se realizaron compras y contrataciones “de forma directa sin sujeción a las normas en materia de contrataciones públicas”. La maniobra defraudatoria investigada fue “orquestada y ejecutada entre 2008 y 2015”.
En ese momento, Stornelli planteó que los imputados, sin la prisión preventiva representan “un riesgo procesal” y que a excepción de Baratta (preso en otra causa por la compra de Gas Natural Licuado), “ocupan roles y posiciones claves para atentar contra la investigación y el recupero de los bienes”. El juez Rodríguez los procesó con un embargo de 250 millones a los principales imputados y 170 millones de pesos a los demás.
En ese marco, ayer por la tarde, la Policía Federal Argentina detuvo en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al intendente de Río Turbio y ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Atanacio Pérez Osuna.
Mazú
Además,se ordenó la prisión preventiva del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú. Es por una obra conexa a la causa por defraudación que costó 500 millones de pesos.
En este caso, si efectivamente se realiza el pedido del juez para desaforar al legislador, la Cámara de Diputados de la provincia deberá tratar ese pedido y, en consecuencia, dar lugar o no a la prisión preventiva ordenada por el magistrado.
Las órdenes de detención libradas fueron reveladas el mismo día en que el ministro de Energía de la Nación Juan José Aranguren se reunió con los trabajadores de YCRT por los 500 despidos impulsados por la Intervención en enero. También coincide con la publicación de una resolución de ese mismo Ministerio en la que rescinde “el contrato de obra pública suscripto el 14 de diciembre de 2007 con Grupo Isolux Corsan Sociedad Anónima para la construcción de la obra ‘Construcción, bajo la modalidad llave en mano, de una (1) Central Termoeléctrica a Carbón”.
