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Una cámara empresarial presentó un amparo para frenar el aumento del gas a las pymes

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) presentó  una acción de amparo para frenar la suba en las tarifas de gas para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que quedaron excluidas del fallo de la Corte Suprema que suspendió el ajuste tarifario, y pidió que ese sector sea incluido en las audiencias públicas para discutir el tema.

La entidad indicó que la acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal Civil y Comercial N°1, Secretaría N° 3, del distrito de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero, y precisó que la medida pide detener los aumentos de gas y convocar a las pymes a las audiencias públicas.

El presidente de la institución, Marcelo Fernández, explicó: Hoy presentamos un recurso ante la Justicia Federal por las entidades y las empresas vinculadas a CGERA en la Provincia de Buenos Aires porque queremos que se haga la audiencia pública y poder discutir la tarifa hacia las industrias dado que nos parece una exageración el tope del 500 por ciento.

Hay industrias gas dependientes que no pueden pagar, aseguró el directivo en un comunicado y sostuvo: No hubiéramos querido judicializarlo pero la Corte al dejarnos afuera de la resolución nos obliga a presentarnos porque así lo han querido nuestros asociados.

Fernández expresó que esto no es en contra de nadie sino a favor de hacer la audiencia pública en donde podamos discutir las tarifas y donde cada uno pueda demostrar el por qué de su argumento. Esperemos que sea favorable y tengamos muy pronto fecha de la audiencia pública para las industrias pymes, añadió.

El 18 de agosto pasado, por unanimidad la Corte Suprema de Justicia frenó el aumento de gas para los usuarios residenciales hasta que se realicen audiencias públicas, retrotrajo el cuadro tarifario a los valores que estaban vigentes antes del aumento, y estableció que las audiencias públicas son obligatorias para fijar nuevos esquemas. Sin embargo, el fallo sólo ampara a los usuarios residenciales, por lo que quedaron excluidas las pequeñas y medianas empresas.

Fuente: Infobae

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